1er. Informe sobre la represión en Cuba: 25 al 30 de octubre de 2021

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Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre

Archipiélago, Cuba

 Presentación

En virtud de la difícil situación que el pueblo cubano y en particular la iniciativa ciudadana “Archipiélago” enfrenta dentro del país, se constituyó el pasado 24 de octubre la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre. Una de sus principales líneas de trabajo es monitorear la represión en la Isla y emitir informes periódicos.

El objetivo es poner en conocimiento de la comunidad internacional y los medios de comunicación el conflicto que en tal sentido está viviendo Cuba, con el ánimo de movilizar esfuerzos para disuadir al gobierno de que continúe con dichas prácticas, respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la República y se abstenga de reprimir la manifestación pacífica convocada por Archipiélago para el 15 de noviembre próximo.

Los registros de base contarán siempre con una debilidad. En virtud de las más diversas formas represivas y el estado de terror que se ha implantado en el país, así como el blindaje del Estado en materia jurídica durante los últimos años, muchas personas prefieren guardar silencio por temor a ser más reprimidos o perseguidos, a perder el trabajo, a que le fabriquen una causa por delito común para encarcelarlos o silenciarlos.

Muchos ciudadanos se mantienen paralizados por los efectos del acoso policial y de la Seguridad del Estado. La Comisión recibe denuncias anónimas con mucha frecuencia y en algunas, los ciudadanos piden que no se hagan públicos todavía los detalles por miedo a represalias; prefieren esperar a ver si la labor de la Comisión y la comunidad internacional consiguen evitar lo peor el 15 de noviembre. Así se mantienen todavía muchas familias de presos del 11J.

En consecuencia, comenzamos por hacer un llamado a la comprensión del problema, para lo cual es preciso estar debidamente informados. Entendemos que para sensibilizarse con el conflicto que vivimos los cubanos hoy, no se necesita fijar posiciones políticas e ideológicas, ni compromisos gubernamentales en el ámbito bilateral o multilateral dentro del sistema internacional. Se necesita de humanismo y apego a los derechos humanos, que de un modo u otro presiden las relaciones internacionales y la vida de las sociedades modernas.

 Antecedentes

Hace varios años Cuba vive una crisis sistémica que el gobierno no ha sabido gestionar con éxito. Como consecuencia se han exacerbado los conflictos internos entre el gobierno y la ciudadanía. Su punto clímax está ocurriendo desde el segundo semestre del pasado año.

Con la pandemia, la ineficacia del gobierno en la gestión económica, los reajustes impopulares y los efectos de las sanciones del gobierno de los EEUU, así como del desenmascaramiento y acentuación del autoritarismo en el país, la crisis social detonó. La fatiga de un pueblo empujado al sacrificio durante décadas, derivó la explosión social de julio pasado, protagonizada por centenares de ciudadanos en más de 50 localidades del país incluida la capital, y con particular presencia de los jóvenes.

Lejos de actuar de manera responsable y procesar con lente político el conflicto, el gobierno cubano  decidió  intensificar la violencia política. Contribuyó así a exacerbar las contradicciones, la radicalización política y la polarización de la ciudadanía en la Isla y la diáspora.

Todo eso explica el incremento de la crispación política y augura la repetición de protestas cívicas e incluso otro estallido social, si el gobierno persiste en su postura excluyente y opresiva. De ahí la importancia de prestar atención a la represión, particularmente ante la regeneración de iniciativas ciudadanas que reivindican su derecho a ejercer derechos cívicos reprimidos tradicionalmente por el gobierno.

Entre esas nuevas iniciativas ciudadanas se encuentra Archipiélago, que surgió casi un mes después de las protestas de julio por iniciativa de jóvenes reprimidos en aquellas jornadas. Es una plataforma, un proyecto plural, cívico, de iniciativa ciudadana, que rápidamente comenzó a aglutinar a miles de cubanos de la Isla y la diáspora “por una Cuba plural con todos y para el bien de todos”.

En septiembre pasado lanzó una convocatoria de marcha cívica por el cambio para el 20 de noviembre con tres demandas básicas: «contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas».

Se presentaron comunicaciones oficiales a las autoridades, amparadas por firmas de ciudadanos promoventes en varias ciudades del país y la capital. En las cartas se comunicaron las demandas y se recabó protección del gobierno para realizar la marcha, no interrumpir internet y otros detalles de tipo logístico. Primero tuvieron que cambiar la fecha cuando el gobierno –sin ofrecer respuesta alguna a los promoventes- anunció maniobras militares para ese día y finalmente, declaró ilícita la marcha el pasado 21 de octubre.

 Represión durante la etapa: 25-30 de octubre

Las diversas formas de represión no se han detenido en Cuba desde el 11J, pero se intensificaron luego de ese acto cívico de los jóvenes comunicando la iniciativa al gobierno en varias provincias cubanas y la capital.

Archipiélago está integrado por personas con diversas filiaciones ideológicas y políticas, con predominio de jóvenes incluyendo su liderazgo y provenientes de diversos sectores sociales. Defiende el civismo como vía necesaria para la paz, la prosperidad y la libertad en democracia, lo que ha sido respondido por el gobierno con arbitrariedad y violencia, en franca violación de los derechos humanos universales, reconocidos también por la Constitución de la República aprobada en 2019.

Solo en el lapso que comprende este primer informe de violencia política y represión -25 al 30 de octubre-, la Comisión ha registrado 22 denuncias procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo y Santa Clara.

Las modalidades aplicadas fueron:

  1. Despidos laborales.
  2. Amedrentamiento de personas para que no se sumen a Archipiélago o la marcha.
  3. Firmas de compromisos de no involucramiento so pena de enfrentar represión
  4. Amenazas: con despido laboral, con hacer públicos detalles de la vida íntima de las personas, de encauzar por delitos comunes, de muerte (velada o abierta) si la persona participa en la marcha, de largas condenas de prisión, vigilancia laboral e investigación, contra familiares durante los interrogatorios a la persona citada.
  5. Persecución por posicionamientos críticos o un simple “me gusta” a publicaciones que circulan en las redes sociales.
  6. Vigilancia policial o de la Seguridad del Estado frente a las viviendas.
  7. Reclusión domiciliaria sin causa formada.
  8. Detenciones arbitrarias.
  9. Vigilancia e investigación sobre familias y amistades de personas involucradas en la marcha pacífica, o que se sospecha lo son.
  10. Mítines de repudio contra personas críticas al gobierno e involucradas en iniciativas cívicas.
  11. Compulsión a los sometidos a interrogatorio para servir de informantes a la Seguridad del Estado.
  12. Interrupción de los servicios de internet.
  13. Secuestros, a veces con encapuchamiento y combinado con detención arbitraria, así como conducción a centros no policiales para interrogatorios.
  14. Campañas de difamación y criminalización de líderes de la marcha pacífica y de Archipiélago a través de los medios de comunicación.
  15. Acoso a las familias de quienes se vinculan con la organización de la marcha pacífica o se conoce que piensan participar.
  16. Imposición de multas reiteradas e injustificadas como forma de hostigamiento.

Tales métodos –aplicados por efectivos del Ministerio del Interior (MININT), en particular el Departamento de Seguridad del Estado en combinación con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)- se han implementado contra ciudadanos firmantes de cartas de apoyo a la marcha, contra miembros de Archipiélago, ciudadanos con antecedentes de posturas de disenso u oposición tradicional.

También contra jóvenes universitarios, periodistas independientes, figuras eclesiásticas -Julio Pernús, Manuel Alejandro Rodríguez, Jorge Ignacio Guillén, por ejemplo-, miembros de organizaciones de la sociedad civil no afines al gobierno, etc.. Particular énfasis se ha puesto en figuras principales de la plataforma, cuyas denuncias han circulado en las redes, como los casos de Yunior García, Leonardo Fernández, Daniela Rojo, Carolina Sansón, Fernando Almeyda, David Martínez, Manuel Guerra y Leinier Cruz, entre otros.

Las prácticas represivas mencionadas tienen consecuencias nocivas para la condición humana. Implican daño físico y moral, psíquico, en algún caso incluso es difícil determinar la frontera entre lo físico y lo psíquico. También para el proyecto de vida personal y familiar pues se verifican rupturas importantes. Ejemplo: hoy existen jóvenes echados de sus casas por la causa política y familias impedidas de continuar viviendo juntas, padres acosados que deciden dejar a los hijos al cuidado de otros para huir de la represión y dejarlos protegidos.

Los despidos laborales por discriminación política, en un país donde la precariedad obliga a las mayorías a luchar por la sobrevivencia, son doblemente perjudiciales. Grave efecto también tienen el acoso de la Seguridad del Estado vía telefónica, las citaciones recurrentes para interrogatorios, los interrogatorios mismos y las prácticas asociadas.  Muchas de las personas que sufren la represión son jóvenes, las fuerzas vivas de un país donde hace décadas una parte considerable emigra o muere en fronteras marítimas y terrestres huyendo de la situación interna.

De acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual Cuba es signataria, esos modos de actuación de las fuerzas represivas constituyen violaciones de los derechos humanos y califican en no pocos casos como formas de tortura y/o creación de condiciones favorables a ello. También violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que Cuba es firmante, aunque no haya ratificado todavía sus dos pactos (de derechos económicos sociales y culturales, y de derechos cívicos y políticos). Y todo eso lo protagoniza un gobierno  con mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta 2023.

Finalmente, interesa a esta Comisión denunciar el modo en que previsiblemente el gobierno está preparando fuerzas parapoliciales para reprimir la marcha pacífica del próximo 15 de noviembre. En documento oficial y original que recibimos del pasado 26 de octubre, se muestra cómo se prepara a los dirigentes y trabajadores de una institución estatal para actuar en esos casos, lo cual no sugiere que sea un caso aislado.

Se implementa por las áreas de “Seguridad y protección” de la entidad, bajo la dirección del Consejo de Defensa, en este caso municipal. En planilla o modelo previamente confeccionado se dictan los pasos a seguir y el diseño del plan. El caso denunciado es el de una empresa de comercio perteneciente al Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) de la provincia Holguín. Dicha empresa cuenta con 92 trabajadores, la mayoría hombres y solo ocho militantes del Partido Comunista (PC), que son los dirigentes.

El denominado “Plan de contingencias” contempla –en lenguaje típico de la Seguridad del Estado- planes de aviso, descripción de la entidad, colindancias, grupos con misiones específicas y otros aspectos. El grupo más numeroso es el de la Brigada de Respuesta Rápida (BRR), mecanismo implementado hace años en Cuba para proteger la imagen de las fuerzas represivas en conflictos internos y aparentar que se trata, no de represión sino de respuesta espontánea del pueblo a los “desestabilizadores” y “contrarrevolucionarios”.

Se indican en el mismo documento los materiales o implementos a utilizar para el enfrentamiento: “medios rústicos de madera, tubos u otros materiales preparados y ubicados convenientemente al alcance del personal” y “en caso de contingencia en horario extra laboral, los miembros fortalecerán los medios de defensa ubicados en su domicilio”.

Asimismo, se establece la orientación de procurar “cooperación” -mediante compromisos en actas oficiales para tales fines- de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) más cercanos. También de los órganos del Ministerio del Interior (MININT). Se advierte que deberá mantenerse coordinación con las fuerzas “profesionales”, con vista a “garantizar refuerzos  en caso de situación extrema, así como de cooperar en el traslado y detención de los implicados en estos hechos”. Obviamente, ninguna de las misiones encomendadas guarda relación alguna con el objeto social de la entidad en cuestión.

El incremento de la represión masiva y el silencio consecuente, tiene efectos físicos y también psicológicos en una población que desde hace tiempo padece daños psicosociales por diversas causas. El clímax de todo ese proceso que se vive hoy en condiciones extremas, es muy preocupante porque facilita, entre otros comportamientos, acto extremos como el suicidio y la hetero-agresividad en las personas. Ese cuadro social debe empeorar en la medida en que aumentan las diferencias sociales, las diferentes formas de represión, la indefensión ciudadana y las libertades e impunidad que ostenta el poder que en Cuba es altamente centralizado.

 Conclusiones

Teniendo en cuenta los elementos planteados anteriormente:

  1. Hacemos formal denuncia de todos estos atropellos y prevenimos acerca de la preparación de las autoridades gubernamentales para dar una respuesta violenta a la manifestación pacífica del 15 de noviembre próximo.
  2. Prevenimos acerca de la indefensión que padecen los ciudadanos en Cuba, debido a sistema de gobierno centralizado, sin separación de poderes ni aceptación de instancias independientes que puedan servir de contrapesos para un adecuado equilibrio del sistema y la protección ciudadana.
  3. Los cubanos en la Isla necesitamos romper el silencio, el terror y la desconfianza, y ganar la esperanza de poder construir una nación democrática. Esta situación negativa es reflejo del miedo instalado en la sociedad como consecuencia de métodos establecidos durante décadas para gobernar. A pesar de todo, destaca la valentía de quienes persisten en ejercer sus derechos y denunciar los actos represivos a que son sometidos.
  4. El gobierno cubano no honra sus compromisos con la soberanía popular ni con la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Se escuda en la propia Constitución que reconoce tales derechos básicos como los de expresión y manifestación, para reprimir violentamente las expresiones pacíficas y cívicas de los ciudadanos que disienten.
  5. En consecuencia, recabamos apoyo de la comunidad internacional para evitar una escalada de violencia en el país, especialmente de cara al próximo 15 de noviembre, cuando se ha previsto una jornada de protesta pacífica que el gobierno arbitrariamente ha declarado ilícita.
  6. Consideramos vital -en estricto apego a los valores compartidos por la sociedad internacional-, exigir al gobierno cubano que detenga la represión, que actúe apegado a la ley y en base al respeto de los derechos humanos, y que se abstenga de responder de manera violenta a quienes decidan salir de sus casas ese día a manifestarse pacíficamente.
  7. Invitamos a representantes de la prensa y de organismos internacionales a visitar el país para esa fecha. Es una forma de presenciar los acontecimientos de manera directa y una más que podría tener un efecto disuasivo sobre las autoridades.

La Comisión agradece de antemano la atención que merezca el contenido de este informe y queda disponible para fundamentar cualquiera de los aspectos tratados.

Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre

Archipiélago

31 de octubre de 2021

Para contactar con la Comisión:  

Email: apoyoarchipielago15N@gmail.com

Teléfono: +34 644 19 21 22

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