4to. Informe sobre represión en Cuba: 14 al 20 de noviembre 2021

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Presentación

La Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre da a conocer el cuarto informe de monitoreo sobre la represión política y la violación de derechos humanos en Cuba. Comprende del 14 al 20 de noviembre con cierre en la medianoche de ese día sábado.

El período bajo observación comprende los días en los cuales estaba previsto el inicio de las actividades cívicas convocadas por Archipiélago. Debe recordarse que debido al despliegue de fuerzas militares del gobierno y la ola represiva iniciada desde semanas anteriores, se les había recomendado a los manifestantes acompañar o sustituir la marcha con diversos actos de protestas de manera creativa y pacífica, e igualmente no exponerse innecesariamente a la represión masiva que se anunciaba para ese día.

Por esas mismas razones, uno de los organizadores de la marcha y parte del liderazgo de Archipiélago, Yunior Garcia Aguilera, había manifestado su intención de caminar solo por la calle 23 del Vedado en La Habana y portando una flor blanca el día domingo 14. De modo que los operativos represivos se activaron con mayor fuerza desde ese día.

Comportamiento de la represión durante la etapa

En este lapso se registraron más de ochenta actos represivos y 47 denuncias, sin contar otras muchas que no se recibieron todavía, en general por el miedo de las víctimas y/o las familias ante el estado de terror instalado por el gobierno. Un indicador de esto último es la petición de protección y acompañamiento que varios ciudadanos hicieron sin haber sido reprimidos de algún modo todavía, cifra que no se incluye en este reporte. Durante estos días se observó el mismo comportamiento de las violaciones a los derechos humanos registrado en las semanas anteriores, pero en mayor cuantía. Sin embargo, la represión en todo el país se hizo simultánea e intensa entre el 14 y el 16, continuado luego en una combinación de formas más rebuscadas, oscuras y enfocadas en la aniquilación psicológica de los ciudadanos comprometidos, simpatizantes o simplemente presuntos apoyantes de la jornada cívica.
Las amenazas, el acoso y las citaciones e interrogatorios ilegales continuaron, pero la incidencia de estas violaciones aumentó considerablemente, a lo cual se agregaron secuestros, agresiones físicas en público y detenciones arbitrarias, con diversas acciones intimidatorias en unidades policiales y otras instalaciones estatales.

Secuestros:

Se produjeron varios secuestros con diversa duración. Algunos casos que se dieron por desaparecidos en realidad estaban secuestrados. Los de Daniela Rojo y Saily González, jóvenes moderadoras de Archipiélago en La Habana y Santa Clara respectivamente, constituyen una muestra de las violaciones de derechos humanos y de la mayor impunidad cuando se trata de mujeres. Daniela Rojo se mantuvo secuestrada por cinco días. Se presentó un Hábeas Corpus, pero con total desfachatez las fuerzas represivas comunicaron a la familia cuándo la soltarían y le negaron la posibilidad de conocer el lugar donde la tenían. Saily fue secuestrada por cinco hombres, le quitaron el teléfono y la intimidaron exigiendo que debía cesar su activismo político. En ambos casos, pero sobre todo en el primero, el terror se extendió a la familia de modo implacable.

Familias sitiadas y actos de repudio:

  1.  Más de 100 activistas y sus familias fueron sitiados por varios días con una recia vigilancia policial. Entre el 14 y el 16 varias familias fueron víctimas de actos de repudio combinados con cerco policial. Los activistas y sus familiares fueron denigradas, insultadas y acosadas desde las 5:30 am hasta horas de la noche. Algunos casos sobresalientes fueron los de Yunior García, Saily Gonzalez, Miryorly Garcia, Adrián Nápoles y Yahima Díaz.
  2.  En el caso de Yunior Garcia, él y su familia fueron expuestos a una incomunicación absoluta del resto de la sociedad, sus servicios telefónicos y de internet fueron cortados. Por varias horas estuvieron incomunicados y acorralados en su propia casa, mientras agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y ciudadanos gritaban amenazantes frente a su edificio. Otros activistas también tuvieron incomunicación y cerco policial que impidió salidas y entradas a esas moradas. Estos hechos descritos en el informe son testimonios del terror que vivieron y viven aun cientos de familias en Cuba.
  3. De los moderadores de Archipiélago solo dos que lograron esconderse en otros sitios fuera de sus casas, lograron evadir el acoso de la Seguridad del Estado e hicieron algún acto simbólico por su cuenta y aislados el 15. El resto se mantuvo sitiado o secuestrado por la Seguridad del Estado y en total indefensión durante varios días. Se exonera de este grupo al moderador de Guantánamo, Leinier Cruz, quien había sido sometido a múltiples vejaciones sistemáticas y finalmente apareció en circunstancias extrañas en un video renunciando a la lucha cívica y a Archipiélago. La familia ha estado aterrada y él no se ha comunicado de modo normal con nadie.

Entre los moderadores reprimidos en sus viviendas, con cortes parciales o totales de comunicación se encuentran : Zulema Gutiérrez y Javier Luis Mora (Holguín); Miryorly Garcia Prieto, cuyo esposo además perdió el trabajo, Leonardo Fernandez Otaño (La Habana) y Yahima Diaz (Pinar del Río). Dos casos ilustrativos en Las Tunas son los del músico Adrián Nápoles Capote y el escritor Rafael Vílchez, en la provincia de Las Tunas, ambos firmantes de las cartas de apoyo al 15N presentadas al gobierno.

En el primer caso, además del aislamiento, incomunicación con el exterior de su casa por internet y telefono, sufrió un acto de repudio frente a su casa, se le aplicaron diversas fórmulas de acoso en su hogar, incluso empleando personal de salud siempre acompañados de la SE, todo lo cual le provocó un fuerte estrés psicológico. Adrián Nápoles fue detenido el 15 en horas de la tarde cuando salió a marchar con una flor blanca y fue liberado varios días después bajo fuertes amenazas.

En el segundo caso, el escritor Vílchez fue sitiado, acosado, con vigilancia sostenida y presencia de brigadas de respuesta rápida, además de daños proporcionados a la pared contigua a su casa simulando intención de entrar por esa vía a detenerlo.

Citaciones e interrogatorios ilegales recurrentes como parte del estado de terror en el país

A pesar del paso de las fechas señaladas en la primera convocatoria (14 y 15) prohibida por el gobierno, las detenciones arbitrarias y el acoso se mantienen, como vía de extender el estado de terror en el país ante la convocatoria de Archipiélago de extender la iniciativa como jornada cívica hasta el 27 de noviembre.
Una de las prácticas más recurrentes ha sido el uso de sitios de interrogatorio no acordes al tipo de detención oficial, las citaciones express a veces coincidiendo con la conducción a la misma derivando por tanto en detención arbitraria y otra fabricándoles delitos comunes de diverso tipo según perfiles personales de < profesión/ocupación, para procesarlos penalmente.

También las amenazas con largas condenas, la coacción para que firmen documentos autocondenatorios o  videos comprometedores para ellos u otros activistas. Dos casos representativos de esto último son los de Saily González sobre quien se intencionan delitos económicos porque es emprendedora, y el de Iris Mariño, actriz y colaboradora de La Hora de Cuba, a quien se le cita verbalmente para presentarse a las dos horas en la Unidad Provincial Contra el Crimen Organizado en Camagüey.

Son métodos de acoso y represión que el Departamento de Seguridad del Estado ha estado poniendo en marcha desde el momento en que muchos ciudadanos cubanos decidieron participar pacíficamente en el ejercicio de sus derechos cívicos. Iris Mariño, por ejemplo, estuvo bajo vigilancia durante varios días y su semana concluyó con esta insólita citación sin siquiera los requisitos legales necesarios. En el interrogatorio al que fue sometida, le pidieron –como le han hecho a muchísimos cubanos durante esta semana y las anteriores- que firmara una carta de advertencia, a lo que la joven se negó.

Otro caso significativo fue el de Daniel Roque, firmante de carta de la provincia de Pinar del Río para comunicar la marcha a las autoridades. Tuvo que abandonar su trabajo por las presiones a las que lo sometió la SE. Ha sufrido varios arrestos y una vez en la estación de policía, ha sido amenazado con condenas de 20 años de prisión por los delitos de sedición e incitación a delinquir, solo por haber firmado aquella carta. En cada detención ha pasado varias horas en calabozos y sufriendo, sobre todo, maltrato psicológico. En varias ocasiones ha sido conminado a firmar un compromiso de no asistir a la marcha. Estuvo sitiado en su casa hasta el 16/11.

También el activista Oscar Cervantes Linares, simpatizante de Archipiélago en la provincia Ciego de Ávila. Fue detenido el 14/11 a las 8 pm y llevado a la unidad policial, amenazado con ser acusado de incitación a delinquir si participaba en la marcha. Su domicilio estuvo con vigilancia hasta el día 15/11 en horas de la noche.

En este orden de cosas también cuentan las varias detenciones arbitrarias de Madelyn Sardiñas y su hijo, solo por vestir de blanco y subir un post al muro personal de Facebook. Ambos sufrieron violaciones de varios de sus derechos, fueron sometidos a tratos crueles que incluyeron amenazas, violando de por medio las normas legales de los procedimientos establecidos para el tratamiento a la ciudadanía. De igual modo ocurrió en los casos de Maikel Rodríguez en Santa Clara, y el universitario Víctor Javier Arias, este último además agredido violentamente frente a su familia para llevárselo, de lo cual resultó también agredida la madre.

Más allá de que la amenaza es parte de prácticamente todas las formas represivas, se enfatiza en algunos casos puntuales para mostrar cómo se ejerce y sus efectos psicológicos, así como la manera como se complican las denuncias iniciales de los activistas.

La Comisión comparte su preocupación sobre numerosos casos en los que se comprueba afectación psicológica, no solo de los activistas sino de las familias. El temor a responder llamadas, el empleo de la opción de no denunciar, el temor por la familia, el rechazo que algunos han encontrado en sus padres, lo que ha incluido expulsiones del hogar, jóvenes escondidos de casa en casa para proteger a sus familias y a sí mismos, etc.

– El caso de Leinier Cruz en la provincia de Guantánamo, joven informático y moderador de Archipiélago, es preocupante. Se sospecha que fue obligado a hacer un video donde anunciaba su salida de Archipiélago. Se sabe que a otros se lo han hecho estando presos, para hacerlos públicos en el momento, o para archivarlo y usarlo como amenaza, o emplearlo como chantaje y criminalización pública en el momento que al gobierno y la SE les resulte conveniente. Leinier se ha mantenido incomunicado y sin responder correo, WhatsApp o Telegram, diferente a como hacía habitualmente hasta días antes del 15N, tanto con el resto de los moderadores como con esta Comisión. Sus perfiles en las redes quedaron silenciados y/o con publicaciones que no corresponden a su estilo de escritura. Al parecer lo obligaron a hacer un segundo video con dos intenciones, marcar la fecha (19 nov) y en lugar público de su ciudad, pero muestra un comportamiento del que puede inferirse que está siendo fuertemente amenazado, tanto él como su familia. En relación con esta última, se ha verificado.

Esta Comisión cuenta con información de que está detenido y aterrorizado en su propia casa. El 19 de noviembre, después de varios intentos para hablar con él, el joven publicó un mensaje en una nueva cuenta de facebook y volvió a repetir que se salía del activismo. Su comportamiento impresiona estereotipado y poco espontáneo respecto a su comportamiento antes del interrogatorio del 11 de noviembre Sospechamos un secuestro a los ojos de todos, con un control estricto de su comportamiento y el de la familia.

– Por otro lado se constataron amenazas veladas y directas realizadas por agentes de la policía, de la Seguridad del Estado, y por oficiales del Departamento de Atención a Menores del MININT, a madres activistas políticas. El DSE busca controlar el activismo de estos padres amenazando con esperar consecuencias para los hijos. En este sentido sirven de ejemplo los casos de Daniela Rojo y de Yahima Díaz, en este último caso con amenazas replicadas al padre de su niño de ocho años. Yahima Díaz ha sufrido acoso psicológico durante estos días nuevamente, detención, interrogatorios, amenazas y tuvo que firmar acta de advertencia durante su última detención.

Los interrogatorios han sido con varios oficiales, hostigando, amenazando y advirtiendo que la están siguiendo de cerca. La quisieron obligar a firmar un acta comprometiéndose a no asistir a la marcha. Algunos agentes han admitido ante ella, que es psicóloga, que efectivamente se trata acoso lo que le están aplicando. El 18 de noviembre esta joven madre fue acosada nuevamente en un parque por un oficial de la SE llamado Michel, quien le anunció que la iban a acusar del delito de actuar contra el normal desarrollo de un menor por una foto que subió en su página de Facebook. En dicha foto, el niño mostraba con su mano la L de Libertad. El Mayor Michel le dijo « (…) podemos demostrar ahí un acto contra el normal desarrollo del menor…..ahora vamos para eso (…) »

– Al mismo tiempo, se registraron casos de menores que también sufrieron directamente arbitrariedades de las fuerzas represivas. Disparó alarmas la detención arbitraria de Reniel Rodriguez, en Matanzas. El adolescente de 16 años recién cumplidos, fue llevado a una Escuela de Formación Integral (EFI) en Matanzas. La EFI es una institución donde jóvenes con dificultades de comportamiento o conducta antisocial, son internados con la intención de « corregirlos ».

Hasta donde tenemos noticias, estos centros tienden a estar desbordados. Cuba es uno de los pocos países que aún mantiene la edad penal por debajo de los 18 años. EL 20 de noviembre UNICEF publicó en Twitter su preocupación por la situación legal de niños y niñas detenidos injustamente en Cuba. La situación es compleja también para ellos. La negativa a cambiar la edad de responsabilidad penal a 18 años, facilita que la represión del Estado pueda ejercerse sobre niños y adolescentes de manera aparentemente legal.

Por otro lado, la ausencia de peritos desde una contraparte independiente al Ministerio del Interior (MININT) que pueda evaluar la justeza y veracidad de las acusaciones que podrían hacerse a estos padres, facilita impunidad, abuso de poder, y las fronteras entre la amenaza, acoso y tortura en estos casos se vuelve muy difusa.

Otros métodos y recursos del gobierno para reprimir y someter

1.- Militarización del país. Casi todas las ciudades importantes del país estuvieron militarizadas, de ellas sobresalieron La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Durante los días 14 y 15 de noviembre la policía además exigía identificación a cualquier ciudadano que estuviera vestido de blanco o filmando en los espacios públicos. A pesar del terror instaurado, tal situación quedó al descubierto durante una directa de uno de los periodistas más mediáticos y al servicio del gobierno en televisión nacional. Humberto López se encontraba haciendo una directa para “demostrar” la tranquilidad que reinaba en las calles y tres agentes que no lo reconocieron se le abalanzaron bruscamente a pedirle identificación.

2.- Empleo de organizaciones sociales en la represión. Para los mítines de repudio se citan a los vecinos o trabajadores de diversis sectores, para preparar esos actos agresivos. En esos procesos incluyendo los interrogatorios y amenazas, se emplean no solo las fuerzas represivas, sino organizaciones fundamentales de apoyo al gobierno: Partido Comunista (PCC), Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), supuestas organizaciones de masas que conforman la llamada « sociedad civil socialista ». De ese modo el acoso y las demás prácticas violatorias de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no solo se producen en instituciones y establecimientos de las fuerzas del orden, sino en las propias casas de las personas. Llegado el momento que deciden las fuerzas represivas, estas se convierten en cárcel y los ciudadanos se ven impedidos incluso en algunos casos de salir a buscar alimentos. También se les impide recibir visitas, y el intento de otros ciudadanos de hacerlo llevó a nuevas detenciones arbitrarias.

3.- Empleo de una extensa red de agentes y oficiales de civil al servicio de la Seguridad del Estado para las acciones de acoso, vigilancia sobre la ciudadanía, que actúan con total impunidad en la vía pública y han protagonizado todo tipo de actos, incluyendo agresiones fisicas en casas de ciudadanos y en la vía pública.

4.- La criminalización del disenso en los medios y la incitación a la violencia con las campañas sistemáticas, en el sentido de enfrentar a los que intentan ejercer derechos cívicos, por considerarlos mercenarios al servicio del gobierno de los EEUU y por la necesidad de hacerlo supuestamente en defensa de la Revolución, el socialismo y la soberanía.

5.- La coordinación y realización de programas de actividades públicas cubriendo toda la semana y empleando a los niños en los espacios donde el gobierno considera o estaba avisado que ocurrirían marchas pacíficas. Para ello se sirvió también de las organizaciones a su servicio. Esta fue una táctica calculada para cada momento. Sin existir en octubre ningun calendario festivo para noviembre, cuando la marcha se convocó para el 20 el gobierno dispuso para esos días ejercicios militares. Luego, cuando los activistas la cambiaron para el 15N en aras de evitar conflictos con las fuerzas armadas, se empezaron a anunciar estas programaciones « socioculturales » para las nuevas jornadas.

Algunas apreciaciones adicionales:

Esta Comisión ha constatado que el gobierno cubano tuvo que reajustar determinados procederes en el sistema represivo empleado durante las jornadas de julio pasado, para esta de noviembre que no era espontánea. Esta vez no hubo corte generalizado de internet y a los pocos días del 15N se liberaron aparentemente a personas secuestradas o encarceladas arbitrariamente en unidades policiales, casi todos jóvenes.

Es obvio que ello ocurrió por la fuerte campaña internacional que se realizó de modo preventivo para evitar un escenario que avizoraba masacre por parte de las autoridades el día 15. De ese gesto solidario con los ciudadanos cubanos indefensos ante el gobierno, sobresalieron pronunciamientos de fuerzas políticas de diversas corrientes ideológicas.

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil internacional y defensoras de los derechos humanos en Asia, África, Europa y América Latina. Fueron los casos especialmente de Civil Wright Defenders, PEN y la LIT-CI que cuenta con filiales en diversos países, así como otras que harían muy extensa esta exposición. Algunas campañas que venían desde antes también se intensificaron y luego igualmente los cubanos pudimos contar con pronunciamientos muy valiosos de gobiernos, parlamentos y organismos internacionales.

De este último ámbito destamos y agradecemos a la Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos (OACDH) Michelle Bachelet y a la UNICEF. En virtud de esas campañas solidarias con los cubanos que viven en la Isla, que incluyeron el activismo de los emigrados en muchos países del mundo que sí pudieron tener su 15N y reclamar solidaridad para sus compatriotas, no se repitió el escenario que se temía para ese día.

Recuérdese que del estallido social del 11-J, ni se sabe exactamente las cifras de reprimidos todavía por la falta de transparencia del gobierno y el miedo de muchas familias, pero son cientos de personas las que permanecen presas o a espera de procesos penales solo por haberse manifestado pacíficamente aquel día. A muchos les aplicaron juicios sumarios sin representación legal, u obstaculizando que la tuvieran, como se sigue haciendo hasta hoy.

No osbtante que se pudo evitar el peor escenario previsto para el día 15, como había hecho saber el propio gobierno, la Comisión hace notar a la comunidad internacional las siguientes circunstancias de la represión en Cuba, que ameritan ser consideradas a la hora de analizar y decidir la postura a asumir ante el conflicto nacional que vivimos los cubanos:

1.- El Estado ha pasado de la represión abierta y masiva con el uso de la fuerza en julio pasado, al empleo también masivo de métodos de corte fascista que pretenden la anulación de las personas que disienten, que simplemente pretenden ejercer derechos cívicos fuera del control de los mecanismos de dominación gubernamentales. Se emplean técnicas y recursos para someter, para sembrar terror y comprometimiento en aquellas personas que están bajo su control por períodos más o menos cortos de detención, encarcelamiento o secuestro.

2.- El blanco de la acción represiva no son solo los ciudadanos que disienten, tampoco solamente los miembros de Archipiélago. Se extiende a la sociedad toda y a organizaciones de la oposición tradicional como el Movimiento Cubano de Reflexión (MCR) en las provincias centrales, las Damas de Blanco, la prensa independiente, la iglesia y otras formas asociativas.

3.- Si ya muchas familias cubanas estaban dañadas de antemano por actuaciones lesivas casi tradicionales del gobierno, esta vez la familia ha sido un objetivo clave de la política represiva. Sobran en nuestros registros familias enteras acosadas, problemas de salud derivados de la situación que han debido enfrentar, terror de denunciar lo ocurrido, fracturas por presiones sobre unos miembros de la familia contra los otros.

4.- Existe una férrea centralización del poder en el país y la ciudadanía no cuenta con instituciones independientes para defender sus derechos. Se trata de un estado de indefensión ciudadana muy peligroso para las familias que residen en el país, siendo el segmento de los jóvenes el mayor perjudicado. Esta situación, como hemos denunciado antes, no es de corte o posicionamientos políticos, sino de defensa de los derechos humanos consagrados internacionalmente y reconocidos en la Constitución de la República de Cuba.

Conclusiones:

Durante la semana concluida aumentó considerablemente la violencia de Estado: desde la militarización de las principales ciudades del país, la intimidación, el trato degradante, aislamiento social impuesto y hasta el secuestro o amenazas a madres, y detenciones arbitrarias a niños para impedir una manifestación pacífica. El Estado ostentó el uso excesivo de la fuerza y el control de la sociedad. Fue imposible ocultar la violencia, las violaciones constantes a los derechos humanos. Estas violaciones son ya cotidianas en el país, sólo que después de noviembre del 2020, el Estado cubano no ha podido ocultarlas.
La determinación a participar pacíficamente en la vida política cubana de varios ciudadanos dentro y fuera del país, facilitó quitar el velo con que se cubre un Estado despótico capaz de aterrar a sus ciudadanos si osan expresarse o manifestarse libre y pacíficamente.
Detrás de la aparente calma que presenta el gobierno al mundo, hay un estado de terror, hay una ciudadanía indefensa que solo lucha por sus derechos. Que ha sido reprimida ferozmente, como si se pretendiera ratificar las demandas que promovieron a sus convocantes para la marcha prohibida y que hoy tienen mucho más sentido que antes de haberse concebido: cese de la violencia, respeto de todos los derechos para todos los cubanos, libertad para los presos políticos y solución de las diferencias por vías democráticas y pacíficas.

La Comisión ratifica su pedido a la comunidad internacional, de continuar acompañando todo este proceso, pues a pesar de la represión las causas que motivan el conflicto siguen en pie. Y se trata de las nuevas generaciones que no encuentran espacio a sus proyectos de vida y de país y no se resignan a las opciones de dominación o emigración de su país. Será vital ayudar y proteger a los luchadores pacíficos cubanos porque en la Isla persiste un modelo de sociedad que cercena tales derechos y deja al ciudadano en un estado total de indefensión.

No es posible que todo lo ocurrido pase inadvertido para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, donde el gobierno de Cuba tiene un mandato hasta 2023. Tampoco para la UNICEF y todas las organizaciones cuyo perfil sean los derechos humanos. Es inaceptable que organizaciones como la FMC que dice representar a todas las mujeres cubanas, sea parte de los brazos represivos del gobierno para reprimir a las que disienten del poder, y que a pesar de eso ostente estatus consultor a nivel de Naciones Unidas.

Es preciso reconocer y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil independiente del gobierno. Es ella la que diariamente es reprimida en Cuba y merece solidaridad. Esperamos que las circunstancias y jornadas vividas hayan sido suficientes para demostrar que el gobierno cubano tiene un discurso en el ámbito internacional absolutamente incoherente con su ejercicio del poder para con su pueblo.

Asimismo, que casi todas las denuncias corresponden a personas en libertad, pero luego de que un ciudadano entra a una unidad policial y pasa a establecimientos penitenciarios, se ejecutan contra ellos innumerables prácticas de tortura y tratos crueles y degradantes que la comunidad no puede conocer porque el gobierno suscribió la Convención contra la tortura, pero no su Protocolo facultativo, que lo obligaría a aceptar mecanismos de verificación acerca de eventuales violaciones de tales derechos dentro de las prisiones y otras instituciones.

La Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre agradece de antemano la atención que merezca el contenido de este informe y queda disponible para fundamentar cualquiera de los aspectos

Comisión de Apoyo a los Manifestantes del 15 de Noviembre Archipiélago 

20 de noviembre de 2021

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Publicado en Documentos, Informes DDHH.

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