A continuación reproducimos el manifiesto redactado por un grupo de reconocidos intelectuales y artistas cubanos que viven dentro y fuera de la isla. Con el título «Manifiesto contra el silencio, por la justicia», tiene como propósito central exigir la excarcelación de los manifestantes condenados del 11J.
El texto solicita a intelectuales y artistas cubanos que se unan, adjuntando su firma, para lograr un idóneo acompañamiento a las víctimas de Estado y poner freno a las condenas impuestas por la justicia.
Al final del texto aparecen los promoventes, entre los que se encuentran dos integrantes de nuestro proyecto Cuba en Familia.
Contenido del manifiesto:
A la comunidad artística e intelectual cubana:
Los días 11 y 12 de julio de 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diubis Laurencio Tejada, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de 1 000 ciudadanos. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de 500 ciudadanos en los que se han dictado penas ejemplarizantes las cuales, en varios casos, superan los 20 años de cárcel.
En Cuba el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las autoridades, pendiente de regulación. Y ante los sucesos del 11/12J, el Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. No son equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un objeto o bien ajeno con las de quien agrede —y es un agente del orden o civil— a otro ciudadano.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes declaramos:
I- Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos, del mismo modo que de manera cotidiana se manifiesta la ciudadanía en nuestra región latinoamericana y en el resto del mundo. Y en cualquier república, cuando se cometen excesos en las manifestaciones, los implicados —sean ciudadanos o agentes estatales— deben ser procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente.
II- Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la mala gestión gubernamental. Hay desproporción en las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional.
III- Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de nuestras investigaciones y obras.
IV- Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, y resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba.
V- En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son —o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos. En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces.
Desde cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia.
Por ello, dada la prolongación y vicio de los juicios, su connotación punitiva y las lecciones de procesos similares en nuestra región, exigimos la excarcelación de nuestros compatriotas; y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. La forma concreta de iniciar tal proceder —por una amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia, no. El derecho no puede subordinar a la justicia.
En este enlace puedes leer el texto original
